PRONUNCIAMIENTO DE ADHERENTES DE LA OTRA CAMPAÑA MORELIA

Noviembre de 2006

Adherentes a La Otra Campaña Morelia exigen

Solución a las demandas del pueblo oaxaqueño y alto a la represión

Respeto a la autonomía y al legítimo derecho al territorio de las comunidades indígenas del país.

Alto al acoso y agresiones a comunidades indígenas y castigo a los responsables de la matanza del 13 de noviembre en Viejo Velazco Suárez.

Alto a las amenazas a los comuneros de Cheranatzicurin y castigo a los talamontes que destruyen sus bosques.

Los últimos meses del sexenio de Fox se han caracterizado por la violencia con que ha tratado diversas expresiones sociales de descontento ante la política entreguista de su gobierno; los casos de Lázaro Cárdenas, Atenco y Oaxaca son algunos de los más mencionados por la brutalidad con que se atacó y ataca a la gente, pero no son los únicos. Hay desde el gobierno federal un empeño para criminalizar los movimientos sociales.

Mientras que los asesinos de 2 mineros en la costa michoacana siguen impunes; aún hay 26 presos políticos resultado del operativo policiaco en San Salvador Atenco y permanecen libres los violadores de 23 mujeres y asesinos de un joven y un niño; en Oaxaca la violencia gubernamental se recrudece, cuando el gobierno habla de devolver la “paz” al estado, con paramilitares actuando en contra de las barricadas y enfrentamientos de la Policía Federal Preventiva (PFP) contra la ciudadanía inconforme en franca desventaja ante las tanquetas que liberan agua mezclada con químicos y gas lacrimógeno, en días pasados se vuelve a cometer la infamia de utilizar el cuerpo femenino como motín de guerra con la violación de una mujer de 45 años realizada por agentes de la PFP. Al gobierno federal no le bastan más de 44 muertos en el gobierno de Ulises Ruiz, numerosos desaparecidos, torturados, encarcelados, heridos, una mujer violada y violentos enfrentamientos entre la PFP y los ciudadanos para entender que cuando una demanda es justa, el pueblo no da marcha atrás.

Por otro lado, a pesar de que el gobierno federal insiste en que los problemas agrarios terminaron en el país, en diversas zonas del territorio nacional hay conflictos aún sin resolver. El despojo de la tierra y sus recursos, forma parte de una ofensiva contra uno de los pilares de la nación, los pueblos indígenas y las formas de organización social que de ellos se derivan.

Ante tal panorama diversas comunidades se han visto obligadas a ejercer su derecho a la tierra. Tal es el caso de las comunidades de Zirahuén y Cheranatzicurin en Michoacán y las comunidades bases de apoyo zapatistas en Chiapas, entre otras, que no sólo han trabajado el territorio que han ocupado sino que además han iniciado esfuerzos de conservación de los recursos que están a su cargo.

En los últimos meses ha habido un recrudecimiento de la presión que el gobierno hace sobre las comunidades bases de apoyo zapatistas. En agosto de este año, la comunidad Choles de Tumbalá de la zona Selva fue salvajemente desalojada por policía ministerial, estatal y civiles ligados al gobierno. Bases de apoyo zapatistas recuperaron el predio, pero recientemente se les ha amenazado con un nuevo desalojo violento. En septiembre fueron encarcelados dos integrantes de la comunidad Cerro de Huitepec Ocotal de la zona de los Altos, imputándoseles delitos ecológicos de los que no existen pruebas. En varias ocasiones la PGR ha visitado la comunidad para asediar a los compañeros bases de apoyo zapatistas. Además el 22 de noviembre apareció en la red de Internet un comunicado firmado por la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC A.C.), exigiendo al gobierno la desaparición de las Juntas de Buen Gobierno zapatistas. Los integrantes de dicha organización son priístas que formaban el grupo paramilitar “chinchulines”, responsable de violentos desalojos de comunidades zapatistas, por lo que consideramos que dicho comunicado es una amenaza directa al EZLN.

La actuación de grupos paramilitares no sólo afecta a las comunidades bases de apoyo zapatistas; la violencia es un recurso que se ha hecho costumbre por parte de los grupos ligados al gobierno como lo constata la masacre ocurrida en la madrugada del 13 de noviembre, donde más de 200 personas (algunos vestidos de civil y otros con uniformes de diversos cuerpos policiacos) desalojaron violentamente la comunidad indígena Viejo Velasco Suárez de la zona de Montes Azules, Chiapas, asesinando a varias personas y secuestrando a otras (que aún se encuentran en calidad de desaparecidas) y no se ha castigado a los culpables; mientras que en Michoacán, la comunidad de Cheranatzicurin ha luchado durante años contra los talamontes que saquean sus bosques en complicidad con el gobierno local y el solapamiento del gobierno estatal, lo que los ha hecho víctimas de hostigamiento, asesinatos y secuestros de miembros de su comunidad. Recientemente varios comuneros han recibido amenazas de muerte por defender los bosques de sus tierras comunales.

Todo lo anterior sólo representa algunos ejemplos de la política de violencia que los distintos niveles de gobierno ejercen contra el pueblo que los sustenta, por lo que llamamos a la sociedad civil a que no se deje engañar por los medios de desinformación (en particular televisa y tv azteca), que tergiversan los hechos en favor de la política gubernamental y pintan como delincuente al pueblo que se defiende organizándose.

Responsabilizamos al gobierno federal y gobiernos estatales de Oaxaca, Chiapas y Michoacán, así como al poder legislativo de la nación (por su silencio cómplice) de las agresiones de que están siendo víctimas los ciudadanos oaxaqueños y las comunidades indígenas en resistencia, exigimos el cese al hostigamiento y respeto al legítimo derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la tierra y castigo a los agresores.

Reiteramos por último nuestra convicción en que sólo un proceso de auto organización de la gente humilde, del hermanamiento de las luchas y la solidaridad entre éstas, lograrán los cambios que hacen falta para que la gente que trabaja, se organiza y defiende sus derechos, no sea amenazada, perseguida, secuestrada o asesinada por delincuentes aliados al gobierno federal o a los gobiernos estatales, o como en el caso de Oaxaca, delincuentes, como el asesino Ulises Ruiz, que son gobierno.

¡Presos políticos, libertad!

¡Presentación de los desaparecidos!

¡Castigo a los asesinos y violadores!

Adherentes de la Otra Campaña Morelia

DECLARACIÓN DE ZIRAHUÉN

Declaración Política del Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio

A LOS EJIDOS Y BIENES COMUNALES DE TODO MÉXICO.

A LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS Y CAMPESINAS.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL PAÍS Y DE TODO EL MUNDO.

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

AL RELATOR DE NACIONES UNIDAS PARA PUEBLOS INDÍGENAS.

AL RELATOR PARA PUEBLOS INDÍGENAS DE LA CIDH.

AL RELATOR ESPECIAL PARA MUJERES DE LA CIDH.

AL COMITÉ DEL PACTO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES.

Los días 14, 15 y 16 de julio, nos reunimos en la Comunidad Indígena de Zirahuén en el caracol zapatista Erupción en rebeldía del Lago Azul de Zirahuén, en el estado de Michoacán, 45 organizaciones y 13 Ejidos y Bienes Comunales procedentes de los estados de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Durango, Distrito Federal, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, con representación de 12 Pueblos Indígenas (Purhepecha, Mixteco, Zapoteco, Mixe, Tlapaneco, Náhuatl, Ñahñu, Tzeltal, Tzotzil, Cho’l, Zoque y Wirrarika), para llevar a cabo el Segundo Encuentro Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio.

Durante los trabajos realizados analizamos las formas en que diferentes instancias del Estado Mexicano han venido imponiendo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) y el Programa de Certificación de Bienes Comunales (PROCECOM), encontrando que ambos obedecen a la profundización de la política neoliberal para el campo, pretendiendo la privatización de la propiedad social indígena y campesina, así como la destrucción del tejido comunitario.

Para ello, en la gran mayoría de los casos el gobierno mexicano ha incurrido en actos ilegales, engaños, presiones, amenazas, represión e incluso asesinatos, además de condicionar obras, servicios y otros programas gubernamentales. Todo lo anterior significa la violación de los más elementales derechos de nuestros Pueblos, contemplados en distintos tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, y otros.

Igualmente significa el incumplimiento del Estado mexicano hacia la Constitución Política, y diferentes normativas y leyes nacionales vigentes.

Hemos visto que en esta estrategia de imposición ilegal se encuentran coludidos los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, a través de sus distintas instancias como la Procuraduría Agraria (P.A.); Tribunal Superior Agrario; Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); Registro Agrario Nacional (RAN); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos y Pesca (SAGARPA); Comisión Federal de Electricidad (CFE); Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); Delegaciones Regionales de los Gobiernos Estatales; Presidencias y Agencias Municipales y otras. Así mismo lo hacen los distintos partidos políticos. Cabe mencionar que en muchos casos estas autoridades presionan, corrompen y amenazan a los órganos de representación ejidal y comunal, tales como Comisariados y Consejos de Vigilancia.

Pese a toda esta estrategia de imposición, enmarcada dentro de la contrarreforma al Artículo 27 constitucional, encontramos que muchos son los pueblos que han resistido totalmente a todos esos embates del Estado y que la mayoría de los que por diversas razones han aceptado el PROCEDE/ PROCECOM, no han llegado hasta la aceptación de la titulación individual de parcelas y solares. Esto muestra que es falso el discurso triunfalista del gobierno, basado en cifras que no corresponden a la realidad, cuando nos dice que el 98% de los ejidos y comunidades ya han aceptado totalmente dichos programas.

Lo anterior nos hace temer que para el próximo sexenio, independientemente de quién sea el próximo presidente, se profundizará la aplicación de estos programas privatizadores, ya que se trata de uno más de los instrumentos neoliberales para el campo que ha creado el Banco Mundial, quien es su autor y financiador, en el marco de una política global de privatización y despojo de territorios y recursos naturales, y de explotación y empobrecimiento del sector rural.

Ante ello, en este Segundo Encuentro Nacional, hemos acordado crear una Red Nacional por la Defensa de la Tierra y el Territorio, y en contra del PROCEDE/ PROCECOM, para mantener un intercambio permanente de experiencias, y una coordinación y apoyo mutuo en nuestras luchas regionales y estatales.

Igualmente decidimos fortalecer la unidad comunitaria a través de sus asambleas, bajo una visión territorial y de autonomía; promover la construcción de alternativas comunitarias para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y para una producción agroecológica basada en la autosuficiencia local y la soberanía alimentaria, fomentando mercados regionales que rescaten el trueque.

Generaremos una intensa campaña de información y difusión, a niveles local, nacional e internacional, acerca de lo que significan PROCEDE y PROCECOM: engaños, despojos, problemas de división, confrontación y discriminación al interior de las comunidades y ejidos.

Realizaremos también diversas movilizaciones en nuestros estados y regiones, en apoyo a acciones de carácter jurídico que documentarán las acciones ilícitas cometidas por el gobierno en su afán de imponer el PROCEDE y PROCECOM.

Llamamos a todos los ejidos, bienes comunales, organizaciones indígenas y campesinas del país, a unirse a la lucha por la defensa de la tierra y el territorio, lo cual significa entre otras cosas, derogar la contrarreforma agraria de 1992, recuperar el espíritu original del Artículo 27 Constitucional por el cual han muerto muchos miles de campesinos e indígenas de todo México, y, por ende, nulificar todos los trabajos relacionados con los programas PROCEDE y PROCECOM.

Este Encuentro se pronuncia por la liberación de todos los presos políticos y de conciencia del país, así como por el desistimiento de las órdenes de aprehensión derivadas de las luchas sociales; particularmente los casos relacionados con Atenco, Oaxaca y Yucatán.

¡LAS TIERRAS COMUNALES Y EJIDALES NO SE COMPRAN, NI SE VENDEN…

¡LAS TIERRAS CON LA VIDA SE DEFIENDEN!

¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE TRABAJA Y SE DEFIENDE!

Comunidades Indígenas y Ejidos de Zirahuén, Cheran, Nurío, Urapicho, Comachuen, Ixtaro, Paracho, San Bartolo Cuitareo y Puruandiro, todos del estado de Michoacán, Bienes Comunales de Nicolás Ruiz, Chiapas, Comunidades Indígenas de Cuzalapa, Tuxpan y Santa Catarina, en el estado de Jalisco. Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ-Vive), Colectivo Juvenil “Poj-Huandi”, Casa del Estudiante Efrén Capiz, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Foro para el Desarrollo Sustentable, Enlace Comunicación y Capacitación, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Kichan Kichañob, Colectivo Utopía de la Otra Campaña, Colectivo Zapatista Jetitas, Maderas del Pueblo del Sureste, ARIC Independiente y Democrática, Centro de Derechos Indígenas (CEDIAC), Organización Yomlej, Red de Comunicadores Boca de Polen, Radio Ts’umbal Xithalá, Organización Las Abejas Acteal, Red de Apoyo al Chiapas Rebelde, Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz, Frente Popular del Sur de Veracruz (Freposev-MAIZ), Unión Campesina Zapatista, Comité de Defensa Campesina, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, Organización Independiente de Pueblos Mixtecos, Colectivo Puente a la Esperanza Oaxaca, Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ de Veracruz y Tabasco), Unión de Comunidades Indígenas de la Sierra Sur de Oaxaca, Xi’nich, Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Organización Campesina de la Sierra Madre de Chiapas, Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Consejo Regional de Pueblos Indígenas Nahuas y Popolucas del Sur de Veracruz, Casa del Estudiante “V.I. Lenin”, Organización de Comunidades Indígenas de Tuxpan, Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS), Equipo Tierra y Territorio FLXIII-Chiapas, Asesoría Agraria, Red Semilla Nueva Sierra Norte de Puebla, Comité de Organización de Campesinos y Comuneros de la Sierra de Oaxaca, Radio Ayuuc de Oaxaca.

Comunidad Indígena de Zirahuén, Michoacán, México, 16 de Julio de 2006